La proposición de ley de reformas urgentes para los autónomos prevé pasar del actual recargo del 20% a un sistema modulado menos disuasorio y que podría mermar la recaudación del sistema

La negociación de las enmiendas de la proposición de ley de reformas urgentes para los autónomos en el Congreso está siendo más complicada de lo que se esperaba. A pesar de que la norma solo tiene seis artículos que, en principio, no suponen un gran aumento del gasto, los grupos parlamentarios han retrasado ya cuatro veces el plazo de enmiendas. Si bien, mañana martes termina nuevamente el límite y parece que los grupos podrían cumplir esta vez con la presentación de las enmiendas, desbloqueando así la proposición de ley y continuar con su tramitación.

La mayor incógnita es si el PP presentará sus enmiendas, porque desde la Seguridad Social rechazan alguna de estas medidas que, aparentemente, tendrían carácter técnico, pero que, sin embargo, sí podrían dañar notablemente la recaudación del sistema de pensiones.

La principal de estas medidas que no ve con buenos ojos la Seguridad Social es la modulación de los recargos por ingreso de las cotizaciones fuera del plazo para los trabajadores autónomos.
Actualmente, ese recargo es del 20% de la deuda desde el primer mes siguiente al vencimiento del pago de las cuotas. Pero la redacción inicial de la proposición de ley modula y suaviza estos recargos, de forma que se pague el 3% si el retraso en el abono de las cuotas es de un mes, un 5% si es de dos, un 10% si se retrasan tres meses y un 20% más allá de los tres meses de demora.
Otras medidas a negociar

Los otros artículos de esta ley prevén ampliar de seis meses a un año la tarifa plana y clarificar los gastos de vehículo, agua o electricidad que los autónomos podrán deducirse en el IRPF, así como mejorar las ayudas a la conciliación.
Pero la Seguridad Social considera que esta suavización es excesiva “porque mermaría notablemente la recaudación del sistema, ya que al no ser unos recargos disuasorios, muchos autónomos y empresas volverían a usar los retrasos en el pago de las cotizaciones para financiarse”, indican fuentes que están negociando la tramitación de esta norma.

En opinión de la Seguridad Social, “supondría un gran paso atrás en la reducción de la tasa de morosidad”. Los datos de este organismo indican que dicha tasa –que refleja cuántos de los recibos del pago de cotizaciones domiciliados han resultado impagados– está actualmente en el 1,7%. En concreto, según los últimos datos oficiales, de los 5.217 millones de pagos domiciliados en el último mes de referencia se dejaron sin pagar 89,18 millones.

Esta tasa de morosidad, sin embargo, presentó niveles mucho más elevados en los peores años de la crisis (2008 y 2009) cuando llegó a situarse en el 4,5%. Desde julio de 2012 empezó a disminuir y, precisamente, cayó más intensamente desde que en 2013 se abandonó la modulación progresiva de estos recargos y se puso el 20% desde el primer día de retrasos en el pago.
Así, estas mismas fuentes apuntan que el Gobierno podría perseguir una enmienda a esta ley que fijara solo dos tipos de recargos: uno inicial, “siempre superior a los tipos de interés para que sea disuasorio”, que podría estar en el 10% o 15% para quienes se retrasen un mes en el pago de cuotas, y el 20% actual a partir del segundo mes. En cualquier caso, estas mismas fuentes indican que desde la Seguridad Social se descarta una mayor modulación.

Igualmente, en el Ministerio de Empleo precisan que cualquier modificación en estos recargos no afectará solo a los autónomos, sino que deberá aplicarse a todo tipo de empresas para que no haya discriminación.